España está en guerra

 Muchos de aquellos niños que hace años pasaban los veranos con familias españolas están hoy en guerra. Aquellos niños de color tostado que iban a las piscinas y que alucinaban con todo lo que veían. Los pequeños que al venir solo decían con gestos y al volver se llevaban en la mochila el castellano de Valladolid, el andaluz, el catalán o el euskera. Los menores que alguna vez fueron embajadores de su causa están hoy luchando en las filas del Ejército saharaui para la independencia del Sahara Occidental. Los vínculos de años y años hacen que muchas familias españolas estén representadas en un conflicto armado cuyo alcance y consecuencias deben preocupar.

Se dice que la sociedad española guarda mucha simpatía hacia el pueblo saharaui y que siente vergüenza de la actitud del régimen franquista ante la ocupación del Sahara Occidental por Marruecos y Mauritania en 1975. Aquella fecha fue el inicio del actual conflicto que enfrenta a Marruecos y al Frente Polisario por la soberanía del territorio. España ha tenido una posición muy discreta en este contencioso a pesar de sus responsabilidades legales con su antigua colonia pues el proceso de descolonización no ha concluido.

Recientemente el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 Pablo Iglesias ha abogado por la celebración de un referéndum en el Sahara Occidental. Este ha sido objeto de muchas críticas, desde consolidados editorialistas que creen que ha cometido un error, a la portavoz de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, quien afirma que este comentario no contribuye a una solución en este momento. Detrás de estas reacciones está el miedo de mermar las relaciones con Marruecos que es desde hace décadas el mejor posicionado de los vecinos de la ribera sur del Mediterráneo. Allí España presuntamente tiene garantizados muchos intereses en distintos aspectos. La cuestión de Ceuta y Melilla, la inmigración y la lucha antiterrorista son algunos temas con los que Marruecos ha presionado a España para modular su posición en el conflicto saharaui. España presume de ser un Estado de Derecho sin embargo su rol en el Sahara Occidental deja serias dudas de su respeto al Derecho Internacional y de paso a su propia Constitución.

Un noviembre como este pero de 1975 España sellaba el traspaso del Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania. Los Acuerdos de Madrid —el contrato con el que España pretendió desentenderse de su provincia 53— no fueron aceptados por la ONU pues la soberanía de los Territorios no autónomos es de la población autóctona y no de la potencia administradora. Por esta razón el proceso de descolonización se entendió inconcluso. A pesar de los esfuerzos por negarlo, España sigue siendo la potencia administradora del Sahara Occidental porque no transfirió correctamente la soberanía.

En marzo de 1978 comparecieron en la comisión de Exteriores del Congreso los principales artífices de la entrega del Sahara para asegurar, entre otras cuestiones, que la descolonización del Sahara no había concluido. Año y medio antes un joven sevillano apodado Isidoro estuvo en los Campamentos para asegurar que cuando el pueblo español consolide su democracia prestaría un apoyo más sólido al Sahara Occidental y finalizó asegurando que estará con el pueblo saharaui «hasta la victoria final». En esas fechas había un consenso en la sociedad española de rechazo a las formas en que España se retiró del territorio: sectores de la derecha franquista hablaban de capitulación ante Marruecos y la izquierda defendía la celebración del referéndum y la independencia. Al margen quedó el escritor Juan Goytisolo quien claramente era favorable a las tesis marroquíes. Todos aguardaban a la democracia para corregir el problema del Sahara.

Pero conforme los primeros años de democracia fueron pasando se confirmaron las peores expectativas que algunos saharauis habían hecho. España mantuvo su posición de cercanía efectiva a Marruecos. En su Resolución 34/37 aprobada en 1979 la AG rechazó la «persistente ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos» reafirmando el derecho de libre determinación. La delegación española en la ONU se abstuvo porque consideró que no era oportuno el empleo del término «ocupación» para referir la presencia de Marruecos en el Sahara Occidental.

La victoria del PSOE en las elecciones de 1982 fue muy bien recibida por los saharauis porque significaba la llegada a la Presidencia del Gobierno de Felipe González —ya sin el apodo de Isidoro— que tanto había prometido. Sin embargo el Frente Polisario solo pudo conseguir el reconocimiento del Gobierno español y la apertura de una delegación en 1984. Un año después un barco español que faenaba en aguas saharauis en plena guerra entre Marruecos y el Frente Polisario fue atacado por el Ejército saharaui confundiéndolo con los barcos de la marina marroquí y provocando víctimas mortales. El caso de «El Junquito», como se ha conocido a este incidente, provocó una severa reacción del Gobierno de González, cerrando la oficina del Frente Polisario y ordenando la expulsión del representante saharaui en España. Las relaciones de González quedaron tocadas hasta hoy convirtiéndose este en uno de los mayores defensores de la integración del Sahara en Marruecos. De aquel «estaremos con vosotros hasta la victoria final» ya solo quedan grabaciones de sonido y viejas fotos.

Esta época confirmó las líneas maestras de la Política Exterior española con el Sahara, tratando de garantizar sus intereses en Marruecos que ocupa el territorio y en Argelia quien se ha convertido en el principal apoyo de los saharauis. De esta forma España se ha limitado a apoyar los esfuerzos de la ONU para «una solución duradera, justa y mutuamente aceptable» negando tener cualquier responsabilidad en la controversia. Dentro de estas líneas rojas los distintos Gobiernos de la democracia han ido fluctuando en un sentido u otro según el contexto.

El ligero desplazamiento a la derecha de González —abandonando oficialmente el marxismo y apoyando la entrada de España en la OTAN— le convirtió en uno de los defensores de la Realpolitik alejándose de la idea de un Estado independiente en el Sahara Occidental. El Gobierno de José María Aznar apoyó la idea del referéndum sin llegar a adquirir un compromiso efectivo. En aquellos años la ONU trataba de sortear las barreras marroquíes para llevar a cabo el referéndum que las partes acordaron en 1991. Zapatero es hoy una de las referencias de los defensores del plan de autonomía marroquí. Rajoy ni fu ni fa. En la práctica todos estos Gobiernos han sido más cercanos a Rabat. Se ha comentado que el actual Gobierno de coalición entre el PSOE de Pedro Sánchez y Unidas Podemos de Pablo Iglesias ha dado verdaderos quebraderos de cabeza a Marruecos por la cercanía de Podemos a los saharauis. Sin embargo no se ha visto un cambio reseñable.

Desde el estancamiento del proceso de paz tras el fracaso de las propuestas de Baker, la práctica de España se ha alineado con Marruecos, esperando que el statu quo termine consumando la integración del Sahara Occidental en este país descartando para siempre la vuelta de las armas. Visto lo visto en estos últimos días parece que los cálculos españoles han fallado. Las consecuencias de este conflicto armado pueden ser muy graves para España y para la Unión Europea en conjunto. La postura de los Gobiernos españoles queda muy lejos de la que se espera de un Estado de Derecho que debía haber tomado parte en el proceso de descolonización de su antigua colonia.  

En vez de eso España se ha limitado a hacer declaraciones en las que apoya las resoluciones de la ONU para lograr la libre determinación del pueblo saharaui. una opinión jurídica de la Secretaría de las Naciones Unidas emitida en 1980 confirma que un referéndum de libre determinación para ser auténtico necesariamente tiene que incluir la opción de la independencia. Si España defiende oficialmente la libre determinación del pueblo saharaui ¿por qué saltan chispas cuando se refiere el referéndum? Rabat ha tenido éxito jugando con las bazas de la emigración, Ceuta y Melilla o el terrorismo para modular la posición de España en este conflicto.

En 1969 España entregó Ifni pensando que las reivindicaciones marroquíes sobre el Sahara cesarían. No hay que descartar que Marruecos, con el Sahara asegurado, dé un paso hacia adelante para intensificar sus reivindicaciones sobre Ceuta, Melilla y Canarias. Los acontecimientos de hace unos meses cuando Rabat trató de ampliar los límites marinos en las aguas próximas a las Islas no deben pasar desapercibidos. El descontrol de la inmigración ilegal procedente de Marruecos y de las costas saharauis ocupadas por este país está de actualidad. Aunque lamentablemente el terrorismo se ha convertido en un fenómeno universal muy difícil de erradicar, no menos cierto es que Marruecos es uno de los países que más efectivos ha aportado a las distintas organizaciones terroristas que operan en Europa. Los ejecutores de los atentados de Madrid en 2004 y Barcelona de 2017 en su mayoría eran originales marroquíes. Son datos que ponen en tela de juicio las políticas con las que Rabat presiona a España.

Este es un buen momento para que el Estado español asuma sus responsabilidades con el Sahara Occidental al igual que hiciera Portugal con Timor Leste. Ya no solo son responsabilidades históricas y morales, sino jurídicas. La pasividad de los Gobiernos españoles ha contribuido para llegar a este escenario de inestabilidad. Hablar del referéndum en el Sahara Occidental no debería alarmar al Gobierno si quiere una solución pacífica para este largo contencioso. En contra de lo que parece, un Estado saharaui puede significar una gran ventaja para los intereses españoles. Naturalmente España tendría ventajas exclusivas en materia de pesca, fosfatos y otros recursos naturales. Mucha mano de obra tendría cabida en el mercado laboral del nuevo Estado. España garantizaría la estabilidad del Archipiélago Canario y tendría bazas para presionar a Marruecos. El Estado saharaui contribuiría a mejorar las relaciones con Argelia. Una solución al conflicto saharaui significaría estabilidad y aceleraría el desarrollo económico y social de la región y España aún tiene una oportunidad para ser clave.

La simpatía de la sociedad española debería ser clave para empujar a sus gobernantes para zanjar sus compromisos con la población saharaui. Este colectivo ya ha recibido muchas promesas que no se han cumplido. Es tiempo de dejar atrás los miedos y tomar la iniciativa para evitar males mayores y abrir nuevas oportunidades. El pueblo saharaui ya merece una oportunidad que le permita vivir libre en su tierra. Esta puede ser la última llamada para España. ¿Se subirá España al tren saharaui?